El Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso de revisión de amparo presentado por la Cámara de Diputados y ratificó una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que le ordenó entregar informaciones sobre los nombres y salarios de los asesores de ese hemiciclo a una persona que las solicitó.

En su sentencia, el TC confirmó la obligación de transparencia en todo el Estado como forma de controlar la corrupción. Declaró que, aunque el nombre permite identificar a las personas e individualizarlas, no se trata de un dato o informaciones personales o íntimas.

“De modo que, aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, no puede restringir el derecho de libre acceso a la información pública, a riesgo de desproveer a la ciudadanía de las herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos, a fin de colocar obstáculos a la corrupción en la administración pública”, señaló el TC en su sentencia 0042/12, divulgada ayer.

La Cámara de Diputados presentó el recurso de revisión ante el TC, luego que el TSA acogió una acción de amparo del señor Manuel Muñoz Hernández, quien la sometió por considerar incompletas las informaciones que le entregó la Cámara de Diputados sobre las personas que le asesoran y los salarios que devengan.

Muñoz Hernández consideró que la Cámara de Diputados solo le entregó informaciones en las que hacía constar el número de asesores, la distribución por bloques y el monto de los salarios, sin individualizar y sin mencionar los nombres, porque debía esperar el consentimiento de los asesores.

La Segunda Sala del TSA acogió la acción de amparo, argumentando que los nombres, cargos y salarios no eran de carácter confidencial, pero la Cámara de Diputados recurrió esa sentencia en revisión ante el TC.

UNA ACCIÓN DE AMPARO DE UN CIUDADANO

La Cámara de Diputados presentó el recurso de revisión ante el TC, luego que el TSA acogió una acción de amparo del señor Manuel Muñoz Hernández, quien la sometió por considerar incompletas las informaciones que le entregó  la Cámara de Diputados sobre las personas que le asesoran y los salarios que devengan. Ayer, el Tribunal Constitucional tomó una decisión sobre este caso y ratificó una sentencia anterior del Tribunal Superior Administrativo que le ordenó entregar informaciones sobre los nombres y salarios de los asesores de ese hemiciclo.

SANTO DOMINGO. Luego de ser reintroducida, porque perimió, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas, el proyecto que modifica siete artículos del Código para el Sistema de Protección para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Código del Menor).

La iniciativa, presentada por Teodoro Ursino Reyes (PLD-La Romana), que eleva las penas a los menores en conflicto con la Ley, será remitido de nuevo al Senado, donde en la pasada legislatura no se ponderó.