La moción sancionada aumenta las penas máximas de 3 a 10 años de reclusión para los menores que delinquen con edades entre los 13 y 15 años; y la máxima de 5 a 15 años de reclusión a los que delinquen con edades entre 16 y 18 años.

La pieza eleva, además, de 10 a 30 días la investigación a los menores que sean investigados por cometer en un hecho delictivo, y establece la prueba ósea para determinar si realmente es menor la persona que haya delinquido.

Al ponderar el informe, el presidente de la Comisión de Justicia, Demóstenes Martínez, destacó que se escuchó y consultó todos los sectores, entre ellos el Conani, Ministerio Público, Unicef, entre otros, que la iniciativa y el informe no violan los acuerdos internacionales de los cuales el país es signatario.

Entiende que la modificación a la ley, reducirá los crímenes y delitos cometido por ese segmento de la población.

La aprobación de la pieza se ha derivado de una larga discusión, donde han intervenido sectores fijando su criterio sobre las acciones que deben adoptarse a los fines de que se eleve una mayor sanción a los menores en conflicto con la ley penal. Expertos han venido planteando que la imposición de una pena máxima de cinco años en contra de un menor que cometa un crimen grave es insuficiente para lograr cicatrizar el dolor causado y regenerarse para su reinserción social.